La Memoria Histórica, en Canarias también

El juez de lo penal Baltasar Garzón ha dado un paso más en la búsqueda de la verdad y la dignidad de las más de tres mil familias canarias que desconocen la situación de sus familiares asesinados por el régimen de la vergüenza, durante la Guerra del 36 y en los cuarenta años de la Dictadura del General Francisco Franco. Un largo camino emprendido desde hace más de treinta años con la llegada de la democracia al Estado Español. Hubo que luchar por la consecución a finales de 2007 de la denominada Ley de la Memoria Histórica. Una Ley que venía a reconocer y a ampliar, si cabe, al fin, los derechos, con sus medidas oportunas, a favor de quienes sufrieron la persecución y/o la violencia durante estos años de Guerra y miedo.

La ciudadanía ve reconocido este derecho individual a la memoria personal y de las familias de cada ciudadano. Una legítima demanda de quienes ignoran el paradero de sus familiares: fosas comunes, incluso en iglesias y cementerios, pozos, y otros lugares, como es el caso de la Sima de Jinámar, auténtica chimenea volcánica de setenta metros de profundidad aproximadamente. Ese derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano, que todavía, para muchos, es decir, los de siempre, esa derecha política, religiosa y mediática, es una forma de incitar al resentimiento y al enfrentamiento, cuando de lo que realmente se trata es de apoyar estudios históricos y a las distintas asociaciones sobre la memoria histórica que existen en nuestro archipiélago. Quizás el resentimiento lo tengan ellos al comprobar cómo va llegando la hora de esclarecer la verdad de los acontecimientos sucedidos en esta época. Los grandes olvidados empiezan a hacerse presente, y eso les atemoriza. Pensaban que la Transición Democrática enterraría la verdad, pero no, por fin, se abre a la luz aspectos de dignidad humana en la recuperación de nuestros seres queridos. Y les duele que haya vencido aquel ¡No pasarán!

Ha sido dura la batalla, pero la decisión de Baltasar Garzón por elaborar un censo de desaparecidos dará luz a las tinieblas del pasado. Y este Auto Judicial el que dará instrucciones a las administraciones y a la Iglesia para que se elabore dicho censo. Los ayuntamientos y los registros parroquiales albergan mucha verdad callada durante todos estos años y ahora deben obedecer esta acción judicial. Somos conscientes que no será fácil encontrar a todos nuestros muertos y desaparecidos. No olvidemos que muchos de ellos fueron echados al mar, como es el caso, en Gran Canaria, de los llevados a la Marfea.

Dicho todo esto, esperemos y confiemos en que todas las partes cumplan este dictado, facilitando a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización o identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. Y por otra parte, desempolvar todos ese material demográfico custodiado por las administraciones y parroquias para ver la luz en ese censo de desaparecidos.

Con la colaboración de todos podremos ir cerrando así el triste capítulo de nuestra Historia reciente. Y al mismo tiempo conocer y reconocer las responsabilidades morales y penales en las que incurrieron quienes desencadenaron la Guerra Civil, es decir, los vencedores que aún hoy siguen alardeando de ello en numerosos foros y que no quieren que se abra esta caja de pandora.